Se conoce como una guerra campal, que en el pasado se ha resuelto en las cortes de justicia. El primer paso son los resultados del censo, que entregan una nueva estimación sobre cómo está repartida la población del país.

Hasta el momento, la Oficina del Censo ha difundido datos para los estados de Louisiana, Mississippi, Nueva Jersey y Virginia y esta semana lo hará para Arkansas, Iowa, Indiana, Maryland y Vermont. Un proceso que continuará paulatinamente hasta concluir en abril próximo.

De acuerdo con datos preliminares, el director de la agencia, Robert Groves, indicó que las minorías raciales y étnicas han sido responsables de cerca del 85% del aumento de la población durante la última década. "El incremento de la comunidad hispana es una de las historias que será escrita en el contexto de este censo. Debiéramos ver una gran diferencia entre 2000 y 2010".

El tema ahora, sin embargo, es que este crecimiento sea reflejado de manera justa en el proceso de reestructuración de distritos electorales. Es decir que en las áreas de mayor concentración de latinos, el peso del voto hispano sea proporcional.

Con base en los datos del censo, líderes locales demarcan las jurisdicciones electorales. El problema es que, en este proceso, diversos grupos de interés trazan líneas que pueden beneficiar a partidos políticos, grupos étnicos, entre otros.

En el último ciclo de reestructuración, zonas de 41 estados llegaron a las cortes por este motivo. "Esto es parte del proceso y la razón de por qué probablemente ahora ocurra lo mismo, se debe a que nadie se va a dejar, ni los republicanos, ni los demócratas, ni nosotros como latinos. No nos vamos a dejar", dijo Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados ( NALEO) a La Opinión.

En este marco, las reuniones entre líderes comunitarios ya han comenzado. El sábado pasado se realizó un encuentro en Nueva York donde se congregaron cerca de 100 líderes de áreas como Connecticut, Nueva Jersey, California y Rhode Island. NALEO, por su parte, reunió ayer en su conferencia sobre reestructuración de distritos en Washington, D.C., a representantes de 18 estados.

Un arma clave en este juego es la legislación para derechos del votante de 1965, creada para evitar la debilitación de minorías en el proceso de redistribución de distritos electorales, requiriendo en algunos casos que los estados tengan aprobación federal para trazar las nuevas demarcaciones. Esta vez, es la primera oportunidad en que un gobierno demócrata estará supervisando el proceso desde la promulgación de la ley.

"Tenemos el compromiso de trabajar para que esto se realice de la manera más justa posible", dijo ayer el fiscal general adjunto de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, Thomas Perez.

Se espera que las batallas más grandes para los intereses hispanos en este ciclo se concentren en las zonas donde se crearán nuevos escaños para el Congreso. Es decir, Texas, que sumará cuatro puestos; Florida con dos; Arizona, Georgia, Nevada, Carolina del Sur, Utah y Washington con uno.

Otras áreas donde habrá grandes cambios serán las que perdieron escaños, es decir: Ohio, Nueva York, Illinois, Iowa, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nueva Jersey y Pennsylvania.

Zonas como California conservarán los 53 puestos en el Capitolio. Pero, según Vargas, con la salida de la congresista Jane Harman, el proceso de reestructuración de distritos puede variar.

"Todos los distritos latinos en California van a crecer. Se pensaba que se ampliarían hacia el este, entrando al área de San Bernardino, que haría de esos distritos más conservadores", explicó.

"Pero si la persona que reemplace a Harman no tiene tanta palanca política, es posible mover los distritos afroamericanos al oeste y acomodar mejor a los distritos de los congresistas hispanos, para mantenerlos donde están".